En esta ocasión se trata de una de las dos preguntas que elevamos a Pleno. La pregunta era la siguiente, ¿Se cumple la Ley de Integración Social del Minusválido en el Ayuntamiento de Las Rozas? En caso afirmativo, nos gustaría disponer del número de trabajadores con minusvalía contratados en este Consistorio.
Se estima que 600.000
discapacitados en edad laboral están inactivos en nuestro país, según datos de Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad. La administración
pública tiene que poner todos los medios a su alcance para compensar
la desigualdad de condiciones en la que se encuentra este colectivo a
la hora de encontrar empleo.
En las Ofertas Públicas
de Empleo, que ha congelado el Gobierno del Partido Popular, se exigía
que al menos un 7% de las plazas se reservaran para personas
discapacitadas, -un 2% para personas con discapacidad intelectual.
Así mismo, la normativa obliga a que el 5% de las personas contratadas
en la Administración tengan algún tipo de minusvalía.
Se permite de forma
excepcional cubrir este porcentaje mediante la contratación de
Centros Especiales de Empleo. Sin embargo este tipo de contrataciones
se ha generalizado, por lo que pierde su condición de
excepcionalidad y suponen en muchos casos guetos laborales para los
discapacitados. Izquierda Unida-Los Verdes apoya a los Centros Especiales de Empleo como
enlaces entre las personas con minusvalías y el mundo laboral pero al encasillarles en organizaciones específicas dificulta también su
acceso a la vida laboral normalizada y a su integración social plena.
Además, no podemos
olvidar que la política de recortes del Partido Popular afecta
también, y mucho, a las personas con discapacidad, aumentando la
desigualdad que sufren. Por ejemplo, la última reforma sanitaria dificulta su acceso a este servicio público indispensable.
Otro tema fundamental
para conseguir la integración social y laboral de las personas con discapacidad es incidir en su formación. Esta es una reivindicación
de las organizaciones que representan a este colectivo. Exigen
programas específicos de formación dirigidos especialmente a las
nuevas tecnologías.
Como representantes
públicos podemos y debemos tomar cartas en el asunto para conseguir la
integración social y laboral, -dos términos íntimamente ligados-, de
las personas discapacitadas. La Administración Pública tiene que
poner todas las medidas a su alcance para que los discapacitados
accedan al empleo y al autoempleo.
Nos respondió la Concejal de Recursos Humanos, Cristina Sopeña, indicándonos que el Ayuntamiento actualmente emplea a ocho personas con una minusvalía igual o superior al 33%.
Añadió, además, que la Concejalía de Servicios Sociales desarrolla toda una serie de actividades dirigidas al colectivo, desde la atención especializada, la valoración de la dependencia, la gestión de ayudas económicas, el ocio y la eliminación de barreras arquitectónicas. Este último punto es a todas luces increíble: basta darse un paseo por el casco urbano de Las Rozas para comprobar las innumerables barreras arquitectónicas que imposibilitan una adecuada movilidad.
Nos apuntó, también, los convenios suscritos con la Asociación Nuevo Horizonte y la Fundación Balder, aparte del Convenio con el colegio público Monte Abantos.
Poco después de realizar esta pregunta tuvimos la oportunidad de visitar la Fundación Trébol y admirar la importante labor que desarrollan con discapacitados psíquicos. Algo promoveremos desde nuestro Grupo Municipal para favorecer a esta Fundación.
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